Por: Isidoro Valenzuela M.
El gobierno dice estar haciendo esfuerzos encaminados a reducir los niveles de corrupción en el país y se esfuerza sin éxito por lograr esa impresión ciudadana.
Si aceptáramos como confiables los anuncios que se está recibiendo a través de los diferentes medios informativos estatales y nacionales, terminaríamos por creer que eso está sucediendo, pero en el área de seguridad la percepción ciudadana es contraria al deseo del gobierno.
En breve sondeo realizado en diferentes municipios de Sinaloa, se puede palpar la preocupación y el ambiente enrarecido que aún persiste en las poblaciones rurales del sur, del centro y del norte del estado.
Comentarios como el de la complicidad de cuerpos policiacos municipales, estatales y federales con grupos de la delincuencia organizada, afloran con tan solo abordar el tema de la seguridad pública gubernamental.
El ciudadano común desacredita las estadísticas oficiales de muertes y levantamientos y desapariciones de personas. Los enfrentamientos entre grupos armados en los municipios El Rosario, Mazatlán, Escuinapa, Ahome, Guasave, Sinaloa (de Leyva) y otros, se desbordan del vaso lleno de la violencia e impiden que el gobierno pueda convencer de que las cosas son como él las está presentando.
Difícilmente convencerán a los sinaloenses de que todo está en control del gobierno, cuando están apareciendo fosas clandestinas con varios cuerpos.
En el norte de Sinaloa, grupos de personas con familiares desaparecidos andan buscando por su cuenta a sus consanguíneos privados de la libertad en esta y otras regiones de la entidad y del país. En la segunda quincena del reciente mes de agosto este grupo localizó fosas clandestinas con 11 cuerpos de personas asesinadas. Y aseguran que hay más y que continuarán su búsqueda hasta encontrar a los suyos.
Al gobierno se le puede agradecer la protección que le brinda a este grupo de personas para que realicen su búsqueda y hagan excavaciones en lugares donde han recibido informes de la existencia de “tiraderos” de cadáveres o sepulturas clandestinas.
No toda la información que les llega resulta verdadera, pero en estas acciones a prueba y error están encontrando cuerpos que son enviados a laboratorio para la prueba de ADN y así conocer si se trata de sus familiares. Este grupo trae en su poder las pruebas de ADN propias para confrontarlas con la de los encontrados en fosas clandestinas.
En Sinaloa no se respira el ambiente de paz que se anhela desde hace más de una década en que entró en fase muy crítica.
A los ojos de los sinaloenses ver un agente de policía, sea municipal, estatal o federal, es motivo de preocupación y hasta temor, pues casi nadie confía en los encargados de brindar seguridad a la ciudadanía, por los antecedentes de complicidad que han aflorado a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno por ocultar estos comportamientos y maquillar cifras de delitos.
Comentan algunos entrevistados sobre el tema de la seguridad pública que, o no han podido o no han querido ponerle freno a este fenómeno social que mantiene con el Jesús en la boca a miles de familias a lo largo y ancho de Sinaloa, y en casi todos los estados del país.
Los mexicanos, y los sinaloenses en lo particular, anhelan volver a vivir en un ambiente de paz y tranquilidad, y en lo que respecta a este sexenio estatal por concluir, y al periodo sexenal federal, creen que no tienen esperanzas de que se genere algún cambio.
Consideran que debe trabajarse en el área de seguridad más cercano a la gente; que se constituyan los policías de barrio con personas probadas que tengan la calidad moral de llegar casa por casa a identificarse y ponerse a las órdenes de las familias.
En las escuelas de primaria, secundaria y preparatoria, que se implemente un sistema de seguridad donde participen los padres de familia, quienes pueden ser dotados de radio comunicación enlazada con una oficina especial donde puedan denunciar la presencia de personas sospechosas rondando las escuelas y se implementen operativos inmediatos de seguridad en dichas zonas.
En las comunidades rurales se puede hacer algo similar; que la misma ciudadanía sea dotada de radio comunicación para que se denuncien acciones de gente sospechosa, pero sobre todo que sean personas con valor y valores para no ceder a presiones o tentaciones.
Debe haber una manera de reducir el índice delictivo regional y nacional, o al menos intentar estrategias que demuestren el interés real de querer poner orden en el desorden evidente y escandaloso que la ciudadanía observa en el área de seguridad pública.
Ya el gobernador Mario López Valdez se va y le quedará mucho a deber a los sinaloenses en éste y otros temas que quienes votaron por él le pusieron sobre la mesa y le confiaron muy encarecidamente.
Seis años que los sinaloenses perciben como perdidos en este renglón, el de seguridad, pues esperaban mucho de su gobernador pero éste definitivamente no pudo con el paquete.
Ahora la pregunta que se hacen los sinaloenses es de si Quirino Ordaz Coppel le entrará a este asunto de la seguridad y si le alcanzarán los 4 años y 10 meses que estará al frente del gobierno del estado para devolverle la tranquilidad a Sinaloa.
La misma incógnita se tiene en los municipios de si les alcanzará el año y 10 meses a los alcaldes para resolver tanto rezago acumulado en cada una de las administraciones pasadas y si le entrarán de lleno a los temas que más preocupan a sus representados, o si utilizarán como excusa el poco tiempo que por ley se les estableció por única vez para gobernar su municipio.
Lo cierto es que, en la medida que se vean sus esfuerzos por servirle a sus representados, en esa misma proporción podrán contar con el respaldo ciudadano en caso de buscar reelegirse, lo que por derecho pueden hacer, pues querer gobernar los siguientes tres años sin presentar buenos resultados se antoja casi imposible.
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