En una postura frontal contra el gobierno federal, dirigentes del PRI en Sinaloa denunciaron presuntas prácticas de coacción política mediante programas sociales y alertaron sobre un crecimiento alarmante de la deuda pública, que calificaron como insostenible.
Durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Guasave hoy jueves, el presidente estatal del partido, César Emiliano Lugo, aseguró que existen presiones hacia beneficiarios de apoyos federales a través de operadores conocidos como “siervos de la nación”, quienes dijo estarían condicionando los programas con fines políticos.
El dirigente fue enfático al señalar que estos apoyos son un derecho constitucional, por lo que ningún funcionario puede utilizarlos como mecanismo de control o amenaza. Subrayó que las denuncias difundidas en redes sociales han permitido evidenciar prácticas ilegales, incluyendo mensajes enviados por WhatsApp para influir en la participación política de los ciudadanos.
“Nadie puede quitarles esos apoyos. No están sujetos a ningún partido ni a la voluntad del gobierno”, advirtió, al tiempo que llamó a la población a no ceder ante intimidaciones.
En el mismo encuentro, lanzó una crítica directa al manejo económico del país, asegurando que la deuda pública ha crecido de manera desproporcionada en la actual administración. Comparó cifras de sexenios anteriores para sostener que el endeudamiento prácticamente se ha duplicado, lo que afirmó refleja una conducción financiera irresponsable.
Por su parte, la secretaria general del PRI en Sinaloa, Liliana Cárdenas, cuestionó la falta de transparencia en el manejo de las Afores y criticó que no se haya consultado a la ciudadanía sobre decisiones que impactan directamente el ahorro de los trabajadores.
Además, arremetió contra recientes resoluciones judiciales relacionadas con el delito de peculado, señalando que ahora podrá prescribir en un plazo de entre cinco y siete años, lo que a su juicio abre la puerta a la impunidad en casos de corrupción.
Cárdenas calificó este cambio como un retroceso grave en la rendición de cuentas y acusó que se está debilitando la capacidad del Estado para sancionar el desvío de recursos públicos.
Ambos dirigentes coincidieron en que el país enfrenta un escenario preocupante, marcado por el uso político de programas sociales, opacidad en decisiones clave y un manejo financiero que, advirtieron, pone en riesgo la estabilidad económica nacional.
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