La tragedia ocurrida en la Avenida Juan Carrasco de la ciudad de Guasave no fue un accidente fortuito, fue el resultado de una cadena de omisiones institucionales en las que no solo está implicado el Ayuntamiento, sino también el Instituto de Protección Civil, cuya razón de existir es precisamente prevenir este tipo de desenlaces.
Durante más de cinco meses, el socavón de grandes dimensiones ha permanecido hasta el momento abierto, visible y sin atención real. No era un riesgo oculto ni un daño reciente. Era una amenaza latente que crecía día con día ante la mirada indiferente de las autoridades municipales y de la propia Protección Civil, quienes decidieron normalizar el peligro en lugar de eliminarlo.
Tras la muerte del profesor, el discurso oficial se concentró en intentar desviar la responsabilidad, sugiriendo escenarios que no cambian absolutamente nada: si el conductor no moderó la velocidad, si el vehículo no alcanzó a frenar, si existía alguna condición que influyera en su manejo. Ese enfoque no solo es irrelevante, es ofensivo. Culpar implícitamente a la víctima es una estrategia para ocultar la negligencia institucional.
El problema nunca fue cómo manejaba la gente. El problema fue que existía un socavón que jamás debió seguir ahí.
El Instituto de Protección Civil de Guasave también falló de manera grave. Su intervención se limitó a colocar algunos conos y cintas de advertencia que no detienen a nadie. No detienen a un automóvil, no detienen a una motocicleta y ni siquiera representan un obstáculo para una bicicleta. Eso no es prevención, es simulación.
Protección Civil tenía la facultad y la obligación de extremar medidas, de exigir el cierre total de la vialidad, de instalar barreras físicas reales o de declarar la zona como de alto riesgo. No lo hizo. Optó por la salida más fácil, por cumplir de manera mínima, aun sabiendo que el peligro persistía y que el daño estructural podía provocar una tragedia en cualquier momento.
Las barreras de concreto tal vez no habrían evitado un impacto, pero sí habrían evitado una muerte. La función de Protección Civil es salvaguardar la integridad de la población, y en este caso no protegieron a nadie.
Su desempeño deja mucho que desear y evidencia una alarmante falta de compromiso con la seguridad de los guasavenses.
Hoy, tanto el Ayuntamiento de Guasave como el Instituto de Protección Civil intentan reaccionar después de los hechos, colocando nuevamente conos, tambos y cintas, como si eso pudiera borrar meses de omisión. Es una respuesta tardía, insuficiente y carente de responsabilidad.
Esta muerte no fue inevitable. Fue el resultado de decisiones mal tomadas, de advertencias ignoradas y de autoridades que no asumieron su deber. Cuando las instituciones encargadas de prevenir riesgos fallan, las consecuencias se miden en vidas humanas.
Guasave no perdió a un ciudadano por un descuido individual. Lo perdió por la negligencia de quienes debían protegerlo.
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