*El reclamo ciudadano por mayor justicia y seguridad convive con una práctica cotidiana que contradice ese mismo ideal: la evasión de la ley.
Ofrecer dinero para evitar una multa, utilizar influencias para eludir sanciones o desacreditar a las autoridades cuando aplican la norma, son acciones que reflejan una doble moral social profundamente arraigada.
Autoridades de seguridad pública advierten que este tipo de conductas debilitan el estado de derecho y obstaculizan el trabajo de los cuerpos policiales, que diariamente enfrentan críticas, desconfianza y, en muchos casos, riesgos por cumplir con su deber.
“No puede haber justicia si la ley solo se respeta cuando conviene”
De acuerdo con fuentes institucionales, uno de los mayores desafíos para fortalecer la confianza en las corporaciones de seguridad es la falta de coherencia entre lo que la ciudadanía exige y lo que practica.
Cuando un agente aplica la ley con firmeza, es común que surjan acusaciones de abuso o prepotencia; pero cuando se cede ante el soborno, el señalamiento inmediato es “corrupción”. Este ciclo de contradicciones ha mantenido viva una cultura donde el respeto a la norma depende de la conveniencia personal.
Las autoridades reiteran que la lucha contra la corrupción no puede limitarse a los servidores públicos. Requiere la participación activa y responsable de toda la sociedad.
Promover una cultura de legalidad implica reconocer que cada acto de soborno o evasión afecta directamente la seguridad, la justicia y la credibilidad institucional. Solo a través del respeto mutuo entre ciudadanía y autoridad será posible construir un país más ordenado, justo y confiable.
La transformación en materia de justicia y seguridad no depende únicamente de reformas o programas, sino de una profunda convicción ética. Cumplir la ley no debe ser una opción, sino una obligación compartida.
Ser un país justo significa actuar con congruencia. Exigir transparencia, pero también practicarla. Y sobre todo, entender que la honestidad empieza en uno mismo.
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